Justicia popular y medios de comunicación: el caso del diario OJO
Mario Meza
Los mayores rituales de justicia
popular no son realizados por los medios de comunicación para el
consumo local sino para la sociedad nacional y mundial. Las prácticas
de justicia popular recogidas en los medios de comunicación estan
asociadas a la presentación de sus formas violentas, acondicionándolas
según el lugar de donde provienen, los procedimientos utilizados,
las prácticas y hasta el tipo de justificaciones que puedan ser mejor
recibidas por las poblaciones organizadas.
No existe una sola violencia ni una sola forma
de ejercerla, ni tampoco una única intensidad de la misma. Sus modulaciones
deben estudiarse en cada situación, pero es indispensable observar
en esos contextos múltiples, diferenciados y hasta antagónicos,
que el objetivo perseguido por los medios es uniformizar, a través
de su mirada pública inquisidora, el contexto de la evolución
histórica de una sociedad en el "ineludible compromiso"
del Estado por conducir la sociedad en el Perú(1).
Amenazado ese compromiso fundamental, especialmente por las prácticas
judiciales populares, la permanente rememoración de un orden convenido
con la fundación de la República y el mantenimiento de su
organización política, ha sido cumplido desde diferentes épocas
con mayor profusión por la prensa nacional, a través del papel
que ésta asumió desde su lugar de supuesto cuarto poder(2),
consolidado especialmente por los diarios sensacionalistas o de tabloide
y luego por la televisión(3).
El diario Ojo cumplió esa tarea. Más aún, la consolidó,
con la abolición de la libre expresión en 1974. Ha jugado
ese rol especialmente en las páginas policiales, para subrayar dos
hechos muy notorios a la luz pública: la incapacidad estructural
del Estado post oligárquico para capitalizar su dominio material,
social y simbólico sobre la seguridad ciudadana, y resaltar, a su
vez, los rituales locales de la justicia popular como formas alternativas
de ejercer control espacial y social eficaz y producivo.
Un primer antecedente al respecto lo puede señalar, sin embargo,
no el diario Ojo que hasta antes de su expropiación constituía
una mixtura de páginas políticas moderadamente pro-gobiernistas,
sociales, alguna que otra policial y más ocupada en los eventos internacionales,
sino el decano de la prensa y del poder en el Perú, el diario El
Comercio.
El contexto en que se dio esta cobertura respondía a un acontecimiento
fundamental que afectó las líneas informativas predominantes
hasta ese entonces: la expropiación de los medios escritos en julio
de 1974 por el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas y su designación
a cada corporación económica y social del país. Al
diario Ojo se le asignó ser vocero de las organizaciones culturales
y artísticas. El diario El Comercio, en una paradójica pero
significativa movida política, se asignó a las federaciones
y gremios campesinos. Fue este diario el que puso a consideración
de los lectores la cuestión de la justicia popular con el caso de
los inculpados por asesinato de un abigeo en Huyanay, así como la
problemática relación entre la justicia "tradicional"
y la de los órganos oficiales del Estado. La perspectiva manejada
en aquella ocasión por la prensa ponía al gobierno revolucionario
y nacionalista de las FF.AA. como conductor y transformador de una sociedad
anclada aún a una justicia "injusta", y que se puso especialmente
a tono cuando la liberación de los inculpados se enfocó desde
los principios de la revolución en marcha.
"10 de julio de 1975 habrá de constituir en el futuro, una
fecha que marcará un hito trascendental en la administración
de justicia en nuestro país. El caso Huayanay se ha incorporado ya
a la jurisprudencia como el típico caso de un delito de muchedumbres
de la grave alteración de la conciencia y el estado de necesidad,
o sea la acción ejecutada ciega e irreflexibamente (sic) por los
comuneros de Huayanay, en perjuicio de la vida de Matías Escobar
que los causaba con amenazas de incendio, asesinatos y violaciones en la
comunidad una vez que obtuviese su libertad, produjeron como resultado la
acción colectiva de la muchedumbre que terminó con la vida
del abigeo encarcelado...
Ama Sua, Ama llulla, Ama Jella son normas morales que aún rigen...
Es evidente que nuestros códigos aún padecen de anacronismos
en muchos casos, desesperante. En última instancia el juzgador quién,
mientras se modifiquen los cuerpos legales vigentes, deben solucionar esta
situación contradictoria realizando una eficiente labor de administración
de justicia informada de los postulados humanísticos, socialista
y cristianos, como ha sucedido en el caso Huayanay. Donde la justicia revolucionaria
primó sobre el anacronismo legalista, auxiliado eficazmente por la
solidez de la doctrina penal"(4).
A pesar de la importancia temática y el grado de compromiso que existían en la década de 1970 en los medios de comunicación con la promoción de la revolución y las causas populares, esta etapa no fue muy auspiciosa para promover este tipo de informes que relacionaban descontrol social y poder polìtico. No hasta la década de 1980, en que aparecería, bajo la democracia y la devolución de los diarios a sus legítimos propietarios, una información privilegiada de sangre, violencia y espectáculos faranduleros.
La cuestión de los ajusticiamientos populares y, en general, de las prácticas de justicia, control y seguridad popular, mezclado con informaciones de la sección "roja" y policial de hechos delictivos, constituía la información privilegiada junto a la política y al deporte. Las primeras planas tampoco eran ocupadas profusamente por estos eventos policiales, sino más bien por hechos políticos y deportivos, preservando la táctica publicitaria y noticiosa de los setenta, imparcialidades por lo demás cuestionables.
La aparición de Sendero Luminoso y la cobertura inicial sensacionalista desarrollada entre 1982 y 1985, rompe el patrón impuesto hasta ese entonces. Pese al compromiso explícito por parte de los editores de moderar y hasta ocultar de las primeras planas esos actos, se volvió, en cierta forma, a la tónica noticiosa y sensacionalista anterior.
Esta era ya una modalidad que empezaba
a ser cuestionada, por el grado de violencia política y social desatada
en un contexto de crisis y depresión económica y social(5).
Entre 1984 y 1986, la cantidad de titulares sobre violencia política
y común en los segundos principales diarios del país (Expreso,
La República, Hoy), creció espectacularmente hasta representar
entre 20 y 40 por ciento del total de titulares del respectivo año(6).
Según una encuesta, el diario Ojo ocupaba el primer lugar en exagerar
los hechos de violencia, seguido por La República. Ambos medios tenían
una lectoría que agrupaba al 34,6% de lectores de todos los diarios.
El Comercio llegaba solo al 23,1%(7).
Esta tendencia informativa acentuó la atmósfera de más
pesimismo en una situación de crisis social y política, que
ya de por sí producía escepticismo en la población
respecto a su destino en el mediano plazo, en el contexto de la democracia.
A principios de la década
de 1990, la encuestadora APOYO descubrió que un 80% de entrevistados
en Lima reconocía tener miedo frente a las acciones terroristas,
así mismo, que entre el 17 y el 23% en los estratos A, C y D se mostraban
comprensivos con aquellas acciones en una sociedad que se abatía
entre pobreza, miseria, injusticia social, abuso y explotación. La
crisis y la corrupción política eran consideradas causas de
profunda desesperanza, preferentemente por los sectores B, C y D(8).
Según aquella encuesta, los estratos más pobres, C y D, estaban
siendo los más afectados con el endurecimiento de la violencia subversiva.
Si bien el 65 y 51% de los entrevistados de esos estratos, respectivamente,
la rechazaba, entre el 18 y el 19% se mostraba indiferente, y entre un 8
y 19% la comprendía. La confianza hacia los que no eran "del
entorno común” o, al menos, conocidos, parte de “nosotros”,
era quebrada por la violencia política y social de los 90, ante lo
cual la frágil solidaridad interna tejida en torno al discurso nacionalista
de décadas anteriores se mostraba impotente.
La percepción de la violencia generada en la población por Sendero Luminoso o cualquier otra facción subversiva no era la única fuente que canalizaba las energías del terror, el miedo y la incertidumbre. También se habían gestado movimientos de simpatía hacia la destrucción “del viejo orden”, como consecuencia de proyecciones especulativas que se hacían en importantes sectores de la población sobre el eventual éxito de la violencia politica, lo que les llevaba a involucrarse en ese tipo de movimientos.
No obstante, el "viejo orden" social ya había comenzado a mostrar inequívocas señales de acumulación y crecimiento de elementos destructivos de las incipientes relaciones que se tejieron entre sociedad y Estado tras el agotamiento del dominio político y social oligárquico. La cantidad de ajusticiamientos habidos entre 1993 y 1999, recogidos por el diario Ojo con su tónica desenfadada de la noticia, mostraban y reflejaban con nitidez el grado de fragmentación social acumulado desde tiempos anteriores a la aparición de la violencia en toda su magnitud publicitaria. Señales que unos han aplaudido y otros han visto con preocupación, según la óptica y los ejemplos mostrados(9).
De esa forma, lo que hemos percibido a través de los medios de comunicación y la prensa sensacionalista ha sido, sobre todo, la prefiguración de una sociedad en la que la justicia o las justicias como cosmovisiones del mundo y sus prácticas judiciales que pretenden confirmarlas, no han aparecido en el caos y la anarquía social solo como expresiones de la disolución del orden formal o debido solo al carácter naturalmente violento de la sociedad. Más bien, esas expresiones de justicia que se han venido a proyectar como un orden global o nacional de aspecto negativo, plural y al margen de controles políticos consensuados entre la sociedad y el Estado, son usados por los medios de prensa para explotar, a favor del poder establecido, la critica que los de diferentes sectores sociales hacen a las limitaciones del orden vigente. El fin de informar al poder establecido sin amenazarla de forma inmediata es "una contestación controlada, que ha renunciado a regresar a su estado salvaje”(10).
Así, una visión de país que permita reestablecer la comunicación entre las formas de gobierno y el control político, publicitando la ineficacia de un poder judicial torpe y poco realista para configurar y rememorar el orden original de la República, junto con la presencia de una justicia popular que, aunque problemática, ha funcionado con alguna eficacia por su seguridad local más allá del orden formal negado, constituyen los pilares en la construcción de un espacio para la rememoración y comunicación de las debilidades de la sociedad, así como para el fortalecimiento del poder para ordenarla; empleando para ello profesionales que hablen a favor de una dirección técnico científica para el encuadre del problema, como el psicólogo consultado precisamente por el diario Ojo en 1999, que decía:
"no se puede hablar de individuos con trastornos sino de una sociedad con trastornos. Individualmente los pobladores pueden ser muy equilibrados y racionales. Los sentimientos de responsabilidad y culpa frente a una acción violenta se diluyen en todo el grupo hasta desaparecer, por lo que sujetos normalmente pacíficos se expresan colectivamente en conductas de violencia"(11).
El doble afán publicitario de, por un lado sacar a luz la ineficacia en la tarea de conservar y promover el orden político por la vía del poder judicial y, por otro, destacar pragmáticamente la eficacia de la justicia popular en ejercer cierto control en el entorno local, ha apuntado a un mismo fin: mostrar una sociedad en crisis que da sentido a la inseguridad local comunal en el contexto de un problema mayor y que configura profundas implicancias socio-políticas ante una eventual amenaza a la integridad y seguridad del orden político; peligro que, sin embargo, ha podido ser evitado por un mecanismo de reconstitución negativa de la sociedad, en donde las solidaridades han dejado de ser el principal motivo de noticia y los conflictos cotidianos se han convertido más bien en su tónica común. En palabras de otro especialista en sociología, consultado por el mismo diario:
"El linchamiento es un mensaje para todos los delincuentes potenciales que dice: si robas acá, te sacamos la mugre entre todos. La carencia de servicios ...genera respuestas positivas como los clubes de madres o comedores populares, y negativas como el hacer justicia por su cuenta,... a lo que se debe sumar nuevas y más frecuentes formas de violencia, así como a un cambio de valores a un nivel nacional, donde los resultados son más importantes que las consideraciones éticas"(12).
La prensa ha capitalizado así, en favor del Estado, las desventajas estructurales del dominio político frente a la justicia popular, al convertirlas en un tema-motivo o excusa de los grupos que han disputado el poder en la construcción de la seguridad nacional, anudándola a la cuestión de la seguridad local. Conformada así, con la acción mediática, la imagen de autoridad caótica da la oportunidad para una acción autoritaria por recuperar la seguridad y la estabilidad social en su integridad. Constituye ésta la imagen de una justicia ineficaz, ineficiente y corrupta entre la propia población(13).
La popularización de las modalidades informales de justicia, asociadas usualmente a la violencia, su impacto en la sociedad peruana desde la segunda mitad del siglo XX y su relación con políticas específicas por dominar, incorporar y regular prácticas no sancionadas por un derecho amenazado por la disolución del sistema oligárquico y post oligárquico, ha cumplido con su fin: proclamar que el Estado ya no podía garantizar y asegurar el compromiso de la integridad social respetando el orden político fundamental de una República democrática, tal como plantea su mito fundacional.
La violencia publicitada, más
allá de la violencia real, ha servido para legitimar la idea de que
la permanencia de un sistema de gobierno como proyecto político y
social de civilización y justicia humanitaria, está asociado
con la necesidad de reformas judiciales, reformas que, paradójicamente,
se sustentan en la necesidad de un sistema autoritario que preserve las
continuas prácticas arbitrarias que se presentan como indispensables
para el control político de la justicia en el Perú.
NOTAS.-
(1) Sobre la violencia y su representación en los medios de comunicación
ver Geoges Balandier: El Poder en Escenas. De la representación del
poder al poder de la representación. Barcelona. Edics. Paidos. 1994.
Especialmente el concepto "anastesiamiento catódico".
(2) Un ejemplo sobre la construcción mediática de la violencia
en el Perú, España y Estados Unidos de América está
en el texto de Víctor Peralta Sendero Luminoso y la Prensa. 1980-1992.
La violencia política peruana y su representación en los medios.
Cuzco. Centro de Estudios Regionales Andinos "Bartolomé de las
Casas". 2000.
(3) Sobre la contribución mediatica en la construcción de
sociedades y culturas nacionales en Latinoamérica véase el
imprescindible texto de Jesús Martin Barbero: De los Medios a las
Mediaciones. Comunicación, Cultura y Hegemonía. Barcelona.
GG Mass Media. 1993.
(4) SALAZAR, Ulises, "Huayanay. La Injusticia quedó atrás"
En: Dominical. Suplemento del Diario El Comercio. 21-12-1975. Pg.6. La cobertura
de este caso en ese mes fue importante.
(5) Un informe clave en esta época es de la comisión parlamentaria
del senador Enrique Bernales en 1988. Ella señalaba que el 58,6%
de gente encuestada sobre el papel de los medios de comunicación
consideraba negativa la influencia de la violencia mostrada desde esos medios.
QUEHACER. "Violencia y Pacificación. Un Informe que debe ser
escuchado" En revista Quehacer 54. Agosto- setiembre 1988. Pg.23.
(6) QUEHACER. "Prensa diaria y violencia política. ¿Lobo
estás? En revista Quehacer 46. Abril - mayo 1987 Pg.37.
(7) QUEHACER. "Encuestas en Lima. Los medios y la Violencia".
En revista Quehacer 46. Pg. 43.
(8) BALBI, Carmen Rosa. "Subversión. Una inquietante encuesta
de opinión". En revista Quehacer 72. Julio-agosto.1991. Pg.41
(9) Las encuestas de Apoyo señalaron entre 1991 y 1994, años
en que SL sufrió los mas duros reveses con la captura de su cúpula
dirigencial y sus principales cuadros, una recuperación sustancial
de confianza en la seguridad pública. Hacia 1997 esa confianza en
la seguridad pública había caído nuevamente a causa
de la delincuencia común que se perfiló especialmente no en
las poblaciones más pobres y deprimidas sino en las ciudades relativamente
"acomodadas". REYNA, Carlos y Eduardo TOCHE. La inseguridad en
el Perú. Índices e interpretación en los '90. Lima.
DESCO. 1999. La conclusión que se desprende es que la violencia se
asocia no a la pobreza en última instancia sino al grado de descomposición
social y a la frustración colectiva generada en contextos de depresión.
(10) BALANDIER, George. "La Pantalla". En El poder en escenas.
Pg. 135.
(11) onsulta hecho al Psicólogo Julio Cesar Vargas por Ojo el 23
noviembre de 1999. Pág.7.
(12) Ibídem.
(13) Los medios de comunicación han disputado así el espacio
de la política al hacer de la teatrocracia el espacio común
de representación y mediación, tareas tradicionalmente cumplidos
por ambos a su manera, entre las masas y el poder. Un conflicto permanente
por saber quién, como y por qué el ciudadano debe adherirse
a un orden determinado, si por las apariencias que se tornan en los medios
la realidad o la realidad que debe ser redescubierta más allá
de su apariencia en los medios, es el reto que se impone para una verdadera
democracia. BALANDIER, G. El poder...Pg. 178-180.
