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Recordando el gobierno de Alan García

La primera pregunta que debemos respondernos es: ¿qué representa políticamente Alan García? La respuesta es simple. Representa en lo doctrinal el punto final del aprismo, envejecido por el dogmatismo y anegado por la amalgama con otros dos residuos totalitarios: el ex velasquismo (que lo apoyó y asesoró) y el comunismo criollo tardío (representado por su aliado privilegiado Alfonso Barrantes Lingán, líder titular de la ya fenecida Izquierda Unida). García representa además un aprismo afiliado a la socialdemocracia (que Haya de la Torre siempre miró con desdén), con vocación de ósmosis de sus esquemas políticos y sus vicios de gestión política. El común denominador de estas junturas e influencias es la interpretación del ejercicio político democrático como una pugna por el dominio sistemático y con el mayor celo partidista de posiciones de poder e instituciones sociales. El poder partidario es el “fin que justifica los medios”, el leit motiv de la acción política. En nombre de las viejas tesis de El antiimperialismo y el APRA o en nombre de la promesa de un cambio social integral, de “pan con libertad”, se busca aislar y adherir a una red controlada desde fuera, instancias que deberían ser fortalecidas en su autonomía funcional y su democracia interna. En los países europeos este esfuerzo de copamiento institucional de socialdemócratas y ex comunistas tiene fuertes contrapesos en la sociedad civil, pero en un país pobre e institucionalmente débil como el Perú resulta funesto. Y fue funesto entre 1985 y 1990. Alan García es el producto directo y el exponente más típico del copamiento partidario como estilo de acción política.

A esto hay que agregar la deformación autoritaria (más exactamente matonesca) del partido aprista, que sirve de contexto a la gestación de García como máximo líder del aprismo. No olvidemos que García empezó a ascender hacia la jefatura del aprismo ya muerto Haya de la Torre, luego de ser un destacado protagonista del infausto XIII congreso partidario de Trujillo, aquél en que se maltrató a Luis Alberto Sánchez, Ramiro Prialé y Andrés Townsend llamándolos «viejos podridos» y se impuso la hegemonía de Armando Villanueva a punta de cachiporrazos. García es, de hecho, un ahijado político de Villanueva y sus métodos. Mucho podría analizarse siguiendo la pista de los hechos posteriores a ese XIII Congreso. A partir de allí tenemos no sólo un frágil cimiento de autoridad de todos los líderes apristas posteriores a Haya de la Torre —desde entonces a la fecha cada Congreso partidario ha estado jalonado por escandalosas arbitrariedades— sino, lo que es peor, una reiterada incapacidad para promover líderes intermedios, nuevos organismos y un nuevo «protagonismo de masas» del PAP. Y hoy en día el partido aprista sigue siendo una organización sin vida intelectual ni democracia interna, manejada durante los últimos diez años a control remoto por su exiliado líder.

Metas y resultados del gobierno aprista

En 1985, frente a la situación de entrampamiento económico dejada por el gobierno de Belaúnde, el gobierno aprista no propuso un programa de estabilización sino un «programa de estabilización y crecimiento», tesis en sí misma contradictoria y de muy dudosa coherencia.

El esquema «heterodoxo» suponía mantener estables los «precios básicos de la economía» —salario nominal, tipo de cambio y tasa de interés— por medio de los recursos del Estado, así como congelar y/o reducir los precios de los servicios. La mejora de los salarios reales elevaría el consumo y aumentaría las ventas de fabricantes y agricultores; este aumento del consumo elevaría las utilidades y la capacidad de inversión y tributación.

El esquema incluía que, del servicio de la deuda externa, sólo se pagaría 10% y por tanto se ahorraría divisas, para lo que se prohibió la importación de 200 bienes diversos. Para elevar el salario real se eliminó el impuesto general a las ventas a los productos de primera necesidad.

El programa de “recuperación-reactivación” tuvo un rápido despegue para después estancarse por la insuficiente respuesta productiva al subsidio del consumo. Entre julio de 1985 y junio de 1986 el PBI creció 8%, las ventas minoristas 27% y el salario real privado 30%, mientras el gasto público sólo 10%. Aunque el PBI manufacturero creció 20%, el agropecuario y el minero no crecieron y el del petróleo fue negativo en -5%. Empezaron a disminuir las divisas desde marzo de 1986. La inflación de 1986 fue 67%, mientras el dinero se expandió 227%. A fines de 1986 las reservas cayeron a la mitad de 1985. Estos fueron indicadores alarmantes pero el gobierno no varió el esquema.

Ha sido común excusar esta estrategia desafortunada en nombre de las buensas intenciones («se pensó en los pobres», etc.), pero no fue esa su lógica real. El fondo de esta política era acentuar la intervención del Estado en la gestión económica en detrimento de los agentes económicos y sociales privados (incluidos los pobres). Se quería apuntalar e incluso modernizar el esquema autoritario sobreviviente en el Estado peruano desde los días de la dictadura militar de 1968-1980. Esta era una finalidad congénita al gobierno, inescapable, así los indicadores económicos aconsejen virar en redondo.

Por ello desde 1987 el desborde inflacionario siguió creciendo incontenible, ocupando las primeras planas: del 4% mensual de 1986 pasó en 1987 de 6% mensual en enero a 7% mensual en julio. Por la inestabilidad económica, el gobierno entró en conflicto con los «doce apóstoles» financieros: los grupos Romero, Brescia, Wiese, Raffo, Ferreyros, Nicolini, Bentín, Lanatta, Picasso, Cogorno, La Fabril y Olaechea Álvarez Calderón. El 3 de abril de 1987 se elevó el precio de la gasolina en 20% pero aún se prometió un 6% de crecimiento.

El 8 de abril se promulgó un decreto supremo contra los «apóstoles»: la obligación de compra de Bonos de Inversión del tesoro público por un monto equivalente hasta 20% de las utilidades de 1986. A raíz de esta medida empezó una campaña hostil al gobierno a cargo de todos los gremios empresariales. Un juez declaró a lugar un recurso de amparo de los empresarios que detuvo la aplicación del decreto del 8 de abril. De allí en adelante vino una caída en picada, con el alza permanente del dólar libre y la continua pérdida de divisas.

En julio de 1987 García sorprendió a propios y extraños con el proyecto de estatización de la banca, el mayor de sus «errores». Una medida tan inoportuna como contraria al sentido común. Entretanto, entre abril de 1987 y abril de 1988 la inflación acumulada fue de 210%. Entre noviembre y diciembre el dólar voló de 720 a 1700 intis y la inflación acumulada anual fue de 1.722%, la mayor de la historia del Perú. El efecto de esta crisis económica y de los desatinos de gestión que la acompañaron ha sido prolongado. Y no hay atenuante posible en nombre de las “buenas intenciones”.

¿Qué pasó en la agricultura?

El gobierno aprista dio en los primeros meses de su gestión un paquete de medidas calificadas como de «estímulo directo» a la agricultura. Disminuyó 50% la tasa de interés para préstamos agropecuarios y organizó programas de ayuda para 39 microrregiones. El esquema puesto en marcha entre agosto de 1985 y enero de 1986 consideró congelar los precios de los alimentos, bajar los intereses agrarios, exonerar impuestos y reducir el costo de los fertilizantes.

Esta congelación de precios tuvo efectos desalentadores. Hubo escasez y especulación. Los incentivos beneficiaban a una cadena de intermediarios y presionaban adversamente sobre los productores directos, cuyo único acceso a una mejora en sus ingresos era elevar el precio del producto cosechado. El primer mensaje oficial del ministro Remigio Morales en febrero de 1986 fue ante una situación de crítico desabastecimiento en los mercados. Este ministro convirtió en norma lo que en ese momento fue una medida improvisada ante la súbita escasez: introdujo una política de importación de alimentos, de alto costo fiscal, mediante un Fondo de Reactivación Agraria y Seguridad Alimentaria que concluyó desorientando medios y metas del programa de apoyo a la agricultura. Una vez más la norma que prevaleció fue el fortalecimiento del Estado y no el beneficio directo para los agricultores.

En fecha tan temprana como el primer semestre de 1986 el gobierno tuvo que hacer frente a importantes protestas de azucareros, algodoneros y cafetaleros reclamando mejores precios. Hubo huelgas y bloqueos de carreteras en 1987. El agro fue un permanente punto de conflicto hasta 1990. Durante 1988 el programa de desarrollo agrario se estancó y en varias zonas agrícolas insurgió con fuerza la acción subversiva de Sendero Luminoso y el MRTA.

¿Qué pasó con la regionalización?

La regionalización, postulada desde el debate constitucional de 1978-1979, se dijo que fue esbozada en estrecha relación con el plan de medidas de solución del problema agrícola y de la crisis alimentaria. Una primera etapa se implementaría en el trapecio andino, sobre todo en Puno. Luego se desarrollarían microrregiones y distritos financieros descentralizados. Dicha red de nuevos organismos sería la contraparte de la creación de los gobiernos regionales. Fue un grave error que este diseño se basara enteramente en la acción gubernamental y muy poco en las organizaciones regionales y locales ya existentes. No se consideró como eje las capitales departamentales. De este modo, no hubo una efectiva descentralización sino un sistema paralelo, que eludía dar cabida en el proyecto a liderazgos locales e instituciones municipales. La regionalización ya estaba en crisis antes de concluir 1990. ¿Cuántas provincias se opusieron a integrarse en las regiones o no aceptaron perder su autonomía departamental, como fue Huánuco respecto a Áncash?

Sobre la deuda externa y el FMI

Gracias a García el Perú fue declarado financieramente inelegible en 1986 por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). En 1987 el BM y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) suspendieron sus créditos hacia el Perú. Esto no se debió a una «represalia reaccionaria de Washington», como decía el propio García, causada por su política tan difundida de «sólo pagar el 10% de la deuda externa». En su momento, dos líderes de Izquierda Unida, Carlos Malpica y Javier Diez Canseco, demostraron que en verdad se pagaba más del 30% y nunca fueron desmentidos. Lo que en realidad perjudicaba al Perú era la actitud demagógica y la voluntad de no establecer reglas de juego claras. El propósito de todo esto, en el colmo de la irresponsabilidad, no era otro que el afán de protagonismo internacional de Alan García, contendor de Fidel Castro en los foros internacionales del Tercer Mundo. El Perú, bajo la conducción de García, nunca realizó negociaciones por vías oficiales normales sobre el tema de la limitación del pago de la deuda externa. García creyó posible poner en práctica una política de hechos consumados y creyó además que iba a ser entusiastamente respaldado por Cuba (que paga puntualmente su deuda externa) y por los grandes países deudores como Brasil y Argentina (que nunca aceptaron formar «bloques» de deudores y resolvieron sus problemas financieros en trato particular con sus acreedores). Esta absurda estrategia de protagonismo internacional de Alan García puso al país en el ridículo y afectó severamente las finanzas exteriores.

Sindicatos y gremios laborales

El gobierno aprista se vanaglorió de representar los intereses de los trabajadores. Es notable que entre 1985 y 1986 hubo una política de «puertas abiertas» a los reclamos de los sindicatos. Sin embargo, se escuchaba pero no se resolvía. La política laboral tuvo nombre propio. Ciertos grupos de trabajadores eran favorecidos por razones políticas y viceversa, ciertos empresarios eran favorecidos en contra de sus trabajadores. Esta metodología «argollera» fue un importante factor de desgaste del gobierno aprista en los medios laborales. En 1987 hubo multitudinarias huelgas del SUTEP (maestros), CITE (empleados estatales), construcción civil, textiles y mineros. Hubo un importante paro nacional de la CGTP el 19 de mayo de 1987, año en el cual se realizó la II Conferencia Nacional del Trabajo, a la que no fue invitado el presidente Alan García. La CGTP y los demás sindicatos no apristas formaron en 1987 la Asamblea Nacional Popular, cuya principal labor fue defender el derecho de huelga, que el gobierno pretendió satanizar como ¨delito terrorista». En enero de 1988 realizaron un paro nacional la ANP y la CGTP.

De ahí que una encuesta de la empresa Apoyo del 2 de octubre de 1988 indicara que el 76% de la población desaprobaba la gestión de García y sólo 19% lo apoyaba; a su vez el 50% pensaba que Belaúnde había sido mejor gobernante que García. La razón de fondo de este descontento era laboral: las remuneraciones reales hacia junio de 1990 eran la tercera parte de lo que fueron al comienzo de 1988 y la mitad de lo que fueron en julio de 1985. Y ciertamente, los cientos de miles de huelguistas descontentos con la demagogia de García no eran terroristas.

Violencia y derechos humanos

Hasta hoy no han sido esclarecidos los aspectos administrativos dolosos encubiertos por la unificación de las instituciones policiales que dieron lugar a una huelga policial en mayo de 1987. La anunciada moralización de estas instituciones nunca se realizó. La guardia civil, la guardia republicana, la policía de investigaciones y las oficinas aledañas fueron unidas por ley del 6-XI-1988 en la Policía Nacional de Perú, pero el anuncio presidencial de «duplicar las penas para los funcionarios policiales que delinquieran» nunca se legisló. Se dijo respecto al problema del terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA que «no se iba a combatir la barbarie con la barbarie y que las reformas sociales iban a tener mejor efecto que las medidas represivas», pero tampco no fue así. Hubo «mano blanda» en el Poder Judicial (el líder senderista Morote fue absuelto en su primer juicio y lo mismo las lideresas senderistas Laura Zambrano y Marta Huatay) y fracasaron los tribunales especiales, básicamente por la excesiva corrupción en sus fueros.

La política antiterrorista propiamente dicha fue hipermilitarista, contraria a la libre información (la confusa ley sobre «apología del terrorismo» pendía amenazante contra todo periodista que contradiga con denuncias los informes oficiales) y profusa en casos de violación de los derechos humanos. Ante las masacres de campesinos en Pucayacu y Accomarca, la investigación de la parte civil encontró responsables en las FF AA pero la Corte Suprema envió el caso al fuero militar, quedando finalmente sin sanción. El asesinato del contralmirante Carlos Ponce Canessa dio lugar a una intensa campaña a favor de la pena de muerte, sobre la cual García no dijo nada mientras muchos jerarcas apristas asentían.

Entre el 18 y el 19 de junio de 1986, 230 presos amotinados fueron asesinados en las cárceles de Lima. García dijo respecto a los responsables militares de esa decisión «o se van ellos o me voy yo». Pero ni se denunció a los culpables ni García se fue. El gobierno aprista impuso a los peruanos desde 1987 la ausencia de garantías, los onerosos «rastrillajes» de las Fuerzas Armadas en los distritos populares, la intervención militar en las universidades y una amplia lista de detenidos sin pruebas suficientes, sin que esto debilite la acción terrorista. Amparó además al «Comando Rodrigo Franco», culpable de asesinatos como el del abogado Manuel Febres, defensor del senderista Morote. Encubrió también el caso Cayara, ocurrido en mayo de 1988, que involucraba al general César Valdivia por la muerte de 28 campesinos acusados de senderismo y que el fiscal Carlos Escobar consideró con pruebas suficientes para abrir proceso a dicho general, jefe del comando político militar de Ayacucho. El proceso fue obstruido por la bancada aprista desde el Congreso, en escandalosa apología de la arbitrariedad militar a cargo de Carlos Enrique Melgar.

El gobierno y el PAP

Sin duda el gobierno de García fue un gobierno aprista, pero mantuvo al colectivo del partido subordinado a su mandato y sin capacidad de fiscalizar. Además, los cargos de confianza fueron acaparados por los «amigos« (ex velasquistas, ex comunistas y ex demócratas cristianos) y no por los «compañeros» de García. El todopoderoso asesor Daniel Carbonetto, argentino, nunca fue aprista ni fue recomendado por los apristas para ocupar tan alto cargo. A su vez, los discursos de García, grandilocuentes y contradictorios entre sí, fueron un permanente maltrato a la doctrina de Haya de la Torre. En su discurso por el Día de la Fraternidad del 22 de febrero de 1986 definió su proyecto gubernamental como la creación de un «Estado nacionalista y popular», repitiendo una fórmula doctrinal norcoreana y al año siguiente lo definió como «revolucionario, socialista y aprista» (diarios del 8-II-1987), términos que habrían escandalizado al fundador del aprismo.

El maltrato a la doctrina fue de la mano con el maltrato a la democracia partidaria. Ilda Urízar fue elegida en octubre de 1986 secretaria general del PAP y de inmediato organizó una oficina que centralice y ejecute denuncias sobre corrupción gubernamental. Las denuncias no se hicieron esperar pero tampoco el veto de Palacio de Gobierno, ejecutado por Armando Villanueva. Nueve días después, la Urízar fue obligada a devolver su cargo y la oficina de denuncias fue cerrada. El XVI Congreso del PAP, en diciembre de 1988, acordó fiscalizar al gobierno ante las diversas denuncias ya existentes sobre corrupción. El Comité Ejecutivo Nacional, dependiente de García, nunca cumplió el acuerdo. Hubo protestas de organizaciones de juventudes y de provincias, incluyendo un grupo de 18 diputados apristas lidereados por Walter Cuestas que pidió la investigación de García y sus asesores. La cúpula del PAP, subordinada a Palacio, nunca permitió la fiscalización.

¿Que quedó del gobierno de García?

¿Que más realizó el gobierno de García? No se cumplió con la promesa de reformar el Poder Judicial. Tampoco se dio inicio a la anunciada Reforma Educativa. Lo único notable en este último campo fueron las denuncias sobre dolosos manejos de material educativo que señalaban como directo responsable al ministro Grover Pango, que nunca fueron aclaradas. No hubo reforma de la vivienda tampoco, salvo una ley para que los municipios den títulos de propiedad a los Pueblos Jóvenes ocupantes de terrenos eriazos, propuesta que tuvo su origen en la bancada parlamentaria de Izquierda Unida.

El tren eléctrico elevado que debía resolver el problema del transporte urbano en Lima, asunto en el cual el gobierno central usurpó las atribuciones del municipio de Lima, no avanzó más allá de un inútil corto tramo inaugurado por García poco antes de concluir su mandato. La costosa infraestructura del tendido vial quedó como un símbolo de la improvisación y el dispendio (a lo que se añaden las fundadas sospechas de corrupción). El demagógico sistema de subsidios a los fertilizantes, los combustibles y los productos de primera necesidad, esquema que debía elevar el salario real y facilitar un mayor poder adquisitivo en beneficio de la industria local, condujo finalmente a que el Perú quede condenado a ser importador de productos básicos en los que antes era autosuficiente. El gobierno aprista acentuó la dependencia del exterior que tanto condenó cuando era opositor del gobierno de Fernando Belaúnde.

La inflación y el cierre de empresas dio lugar a que muchos trabajadores renuncien a sus derechos adquiridos con el fin de conservar sus puestos de trabajo. Antes de las leyes antilaborales del gobierno de Fujimori, ya existía un escenario de services proveedores de mano de obra barata sin límite de jornada de trabajo que el propio gobierno de García autorizó. La precariedad empresarial, la informalidad, la piratería de marcas y la fabricación clandestina de productos «bamba» brotó a raudales bajo el gobierno aprista. Un Perú «chicha», desorganizado, canibalizado y sin horizontes fue el que dejó García. Y su impotencia en el manejo del terrorismo quedó evidenciado con la fuga masiva del penal de Lurigancho de todos los reclusos pertenecientes al MRTA mediante un extenso y bien provisto túnel el 9 de julio de 1990.

El gobierno de Alan García fue un cúmulo de arbitrariedades, ineficiencia, improvisación y corrupción. No cabe duda que el estilo era el hombre. Y García impuso su autoridad por encima de su propio partido, por encima de sus ministros y por encima de sus asesores. Fue un gobierno de arrebatos y caprichos, de bravatas y poses, que hundió al país. De todas las medidas realizadas durante el gobierno 1985-1990, la más perdurable e irreversible de todas parece haber sido la abolición del papel sellado en los trámites oficiales. Pero esto último no representa un mérito suficiente para recuperar la confianza de la ciudadanía ni la credulidad de los propios apristas.


* Historiador y editor.