OLLANTA HUMALA POR EL CAMINO DE
LULA DA SILVA
¿Nacionalizar sin estatizar es la salida?
Fernando Gutiérrez
Los pobres en el Perú quieren arreglar cuentas con el modelo
económico privatizador y con el sistema de gobierno que lo ampara.
Así lo dejaron establecido en las elecciones generales del 2006,
al respaldar la candidatura presidencial de Ollanta Humala. Éste,
sin embargo, contradijo las espectativas de cambio, al reducir la defensa
de los recursos e intereses nacionales y populares a la fórmula “nacionalizar
sin estatizar”.
ELECCIONES Y NACIONALISMO
Hartos de la desprotección social y del centralismo limeño,
millones de campesinos, desempleados y pobladores pobres creyeron ver en
el ex comandante Ollanta Humala al justiciero largamente esperado, frente
a tantos políticos demagogos que han desfilado en los sucesivos gobiernos
calificados de entreguistas y corruptos.
Al apoyar a Humala, alteraron el curso tradicional de los debates electorales
peruanos de 1980 para adelante. Obligaron así a discutir las demandas
que habían presidido sus luchas en los últimos ocho años,
las que, en esencia, cuestionan el modelo neoliberal de libre mercado y
la sujeción del Estado peruano a los intereses del capital internacional.
Adquirió, entonces, protagonismo la propuesta de cambiar el modelo
económico por otro que recupere las riquezas naturales, protega y
fortalezca la economía interna, especialmente al agro, cuide el entorno
ecológico, atienda las urgencias sociales de salud, empleo, salario
digno, educación de calidad y vivienda, así como respete los
derechos y territorios de las poblaciones andinas y amazónicas organizadas
en comunidades.
Los candidatos tradicionales de la burguesía quedaron mal parados
ante esta situación. Sus melosas loas al capital extranjero y aburridas
peroratas en defensa de una democracia confabulada con el poder económico
y la corrupción, ya no generaban entusiasmo. Para congraciarse con
los votantes, Alan García (APRA) y Lourdes Flores (Unidad Nacional)
se treparon al discurso nacionalista de Humala: prometieron revisar el contrato
con la cuestionada empresa que explota el gas de Camisea, y cobrarle mayores
regalías.
NACIONALIZAR SIN ESTATIZAR
Mientras los partidos tradicionales se reubicaban, Ollanta Humala lanzó
“el programa del nacionalismo", elaborado por Gonzalo García
Núñez, ex director del Banco Central de Reserva. Este creyente
de las recetas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del pago puntual
de la deuda externa, “inventó” un Plan de Gobierno digerible
para los grandes capitales, basado en la idea de nacionalizar sin estatizar,
cazurra proposición para encandilar al pueblo y a la vez dar confianza
a los inversionistas extranjeros.
Según esta alternativa, no hay por qué estatizar las empresas
que explotan los recursos mineros, energéticos e hidrocarburos, sino
solo hacerlas trabajar para los peruanos, recuperando la capacidad del Estado
para “orientar y promover, mediante reglas de juego claras, la explotación
de los recursos naturales, renovables y no renovables, y el desarrollo de
su infraestructura en función del desarrollo social, cuidando la
calidad del empleo y el medio ambiente”(1) .
Para que no queden dudas, Ollanta Humala aprovechó la nacionalización
del gas y petróleo en Bolivia para zanjar las diferencias, asegurando
que no seguirá el camino de Evo Morales. Incluso recusó las
estatizaciones realizadas por Velasco Alvarado(2) entre 1968 y 1972, argumentando
que ahora no son convenientes.
La esencia del programa humalista consiste en negarse a recuperar para el
Estado los sectores económicos estratégicos entregados a las
empresas extranjeras por Alberto Fujimori(3), Valentín Paniagua(4)
y Alejandro Toledo(5); permitir así la vigencia del modelo neoliberal,
cuyo corazón son precisamente las privatizaciones.
Esta postura “continuista”, incluye una actitud complaciente
frente al FMI y la deuda externa, las otras dos vigas maestras del neoliberalismo.
El líder etnocacerista(6) nunca aclaró si firmaría
o no nuevas Cartas de Intención con el ente financiero supranacional.
En cuanto a la deuda externa, coincide con Kuczynski(7) en renegociar el
calendario de pagos, para que las futuras generaciones carguen con el muerto.
“PROGRESISMO” AL ESTILO LULA DA SILVA
En verdad, el proyecto de nacionalizar sin estatizar es la versión
humalista de la orientación programática asumida por grandes
corrientes de la izquierda internacional luego de la caída del “socialismo
real”, cuando decidieron “modernizarse” y convertirse
en “izquierda democrática”, para adaptarse al protagonismo
aplastante que había logrado el neoliberalismo en el mundo. Lula
en Brasil es la expresión más acabada de esta “nueva
izquierda” que se presenta como “progresista”.
En el Perú, las fuerzas izquierdistas más conocidas abandonaron
sus antiguos programas antimperialistas por considerar “irrealizable”
la lucha por la reestatización (recuperación para el Estado)
de los sectores económicos privatizados, en las condiciones de hegemonía
neoliberal. Sus programas “modernos” se limitan, por ello, a
plantear que las transnacionales paguen más por canon, regalías
e impuesto a la renta, reduzcan sus tarifas y precios, no gocen de ventajas
tributarias, acepten la revisión de los contratos demasiado entreguistas,
inviertan en favor del entorno ecológico y un largo etcétera
de medidas parciales.
Esta política, con toda la importancia que tienen las reivindicaciones
parciales para los pueblos afectados y para la caja fiscal, deja, sin embargo,
lo principal en manos del poder transnacional. El programa de gobierno de
Ollanta Humala marcha en esta dirección.
VENEZUELA Y BOLIVIA
Por la experiencia internacional, sabemos que solo si se estatiza en alguna
medida la propiedad de las empresas que explotan los recursos naturales,
el Estado podrá controlar efectivamente la producción, gestión
y comercialización de dichos recursos y disponer de ellos con soberanía.
Veamos sino los ejemplos de Venezuela y Bolivia.
Hugo Chávez, amparado en la nueva Constitución, tomó
para el Estado la mayoría de acciones de las empresas que explotan
el petróleo. Esa medida le permite retener para la economía
venezolana miles de millones de dólares que antes fugaban al extranjero.
Pero, además, su gobierno puede destinar parte de ese dinero para
atender diversas urgencias populares en salud, educación y vivienda,
algo imposible con las grandes corporaciones controlándolo todo.
En el caso boliviano, Evo Morales anuló las privatizaciones del gas
y el petróleo por no haber sido aprobadas en el Congreso Nacional.
Y decretó la reversión para el Estado del 51 por ciento de
acciones de las empresas más importantes, lo que significa que el
gobierno boliviano podrá planear el desarrollo de Bolivia a mediano
y largo plazo, porque tiene el control efectivo de esos inmensos recursos
naturales. La industrialización del gas, por ejemplo, promete generar
miles de nuevos puestos de trabajo cada año y proporcionará
a los bolivianos ganancias extras por valor agregado.
Controlar solo el 51 por ciento de la propiedad no es lo ideal, pero es
un gran avance. La participación, aunque minoritaria, de las multinacionales
en las empresas “nacionalizadas”, siempre significarán
un elemento de riesgo para los regímenes que se atrevieron a quitarles
el timón y restarles ganancias. Felizmente, la lucha de bolivianos
y venezolanos por la recuperación total de sus principales riquezas
energéticas, no desmaya y cuenta con la simpatía de millones
de latinoamericanos.
De otro lado, los ejemplos demuestran también que la recuperación
para el Estado de los recursos naturales no espanta necesariamente a los
grandes inversores ni significa aislarse del mercado mundial. Venezuela
y Bolivia han podido renegociar y mejorar su ubicación en los contratos
con las empresas extranjeras. Y mantienen relaciones comerciales con muchos
países, incluso con Estados Unidos y las otras potencias industrializadas.
La gran diferencia es que ahora sí estos dos países andinos
pueden planear con más independencia sus programas de desarrollo
económico-social, así como defender con éxito su derecho
a tener una política internacional soberana. Este segundo aspecto
ha hecho posible que, junto con Cuba, estén promoviendo el ALBA,
una alianza comercial de América Latina que contrapese el predominio
yanqui en la región y evite que los países del área
sucumban a las presiones norteamericanas de firmar tratados de “libre
comercio” de mayor subordinación.
RECHAZO A LAS TRANSNACIONALES
15 años de privatizaciones en el Perú han demostrado que la
principal razón del crecimiento de la miseria es la presencia de
las transnacionales y la sujeción del Estado a las directivas del
FMI, en el marco de una globalización controlada por las potencias
industriales, donde se organiza el intercambio comercial con cínico
favoritismo para sus consorcios.
De eso pueden dar fe los pueblos andinos, amazónicos y costeños,
quienes se han visto obligados a movilizarse en varias ocasiones contra
las grandes corporaciones para defender su forma de vida, al ver cómo
éstas malogran el entorno ecológico, depredan los bosques,
contaminan las aguas, provocan enfermedades y muerte.
De igual modo, en el conjunto de la población crece el rechazo a
las autoridades que permiten a las empresas extranjeras el cobro de precios
abusivos en electricidad, gas doméstico, gasolina y telefonía,
mientras niegan aumentos salariales, mantienen la desprotección social
y abandonan a su suerte a las comunidades alejadas.
Una serie de luchas han cuestionado el rol de las empresas transnacionales
en el Perú. Es el caso, por ejemplo, de la comunidad piurana de Tambogrande,
en el rico valle agrícola de San Lorenzo, que rechazó, en
referéndum, la instalación en dicha zona del proyecto minero
de la canadiense Manhattan, con lo cual dijeron ¡no! a la destrucción
de la economía campesina por la minería y ¡sí!
a las perspectivas de convertirse en un polo de desarrollo agroindustrial
ecológico.
Igualmente, los casos de comunidades vecinas a la mina de oro Yanacocha,
que se enfrentaron a la poderosa Newmont Mining, responsable del derrame
de mercurio en Choropampa y del mal manejo del cianuro, principal insumo
para tratar el oro que venía matando los peces de la zona. La movilización
campesina estalló en junio de 2005, al intentar la empresa norteamericana
extender sus operaciones al cerro Quilish, principal fuente de agua de consumo
humano.
Otro conflicto importante fue el ocurrido en torno a la Minera Majaz, en
agosto de 2005, cuando la comunidad Segunda y Cajas de la provincia cajamarquina
de San Ignacio, frontera con Ecuador, decidió anular su inicial aprobación
a las actividades de exploración, al comprender la magnitud del desastre
ecológico que ocasionaría la explotación de cobre a
tajo abierto que proyectaba la empresa subsidiaria de capitales ingleses.
Los enfrentamientos con la policía dejaron dos comuneros muertos.
Según CONACAMI, la central nacional de comunidades afectadas por
la minería, unos tres mil conflictos abiertos y latentes configuran
el escenario de crisis que ha ocasionado la incursión de empresas
mineras extranjeras y nacionales en territorios comunales. El segundo congreso
de esta organización, denunció los casos más flagrantes
así como el favoritismo del Estado hacia las empresas capitalistas
a través de normas legales y campañas de persecución
y satanización contra los comuneros líderes.
ESTATIZAR ES NACIONALIZAR
Las poblaciones que habitan las zonas rurales y urbanas más pobres
y marginadas, están de pie para defender el derecho a una vida saludable
y próspera que la actividad de las compañías dedicadas
a lucrar pone en riesgo. Un programa nacionalista tiene que considerar esta
disposición de lucha social e incluir como punto sustantivo la estatización
de las empresas mineras, petroleras, gasíferas, eléctricas
y de comunicaciones cuestionadas.
Es la manera más realista y directa de acabar con la secuela de calamidades
e injusticias ocasionadas por los grandes negocios y poner los recursos
rentables al servicio de la población y del país, en estrecha
concordancia con las necesidades y derechos de fiscalización de los
usuarios y con los intereses vitales de las comunidades andinas, amazónicas
y costeñas, a quienes hay que reconocer su calidad de propietarios
originarios de las riquezas que yacen en sus territorios.
El “nacionalismo” humalista, al rechazar de plano la estatización,
es contrario al anhelo antimperialista de las mayorías populares.
El desarrollo de la movilización antineoliberal que tiene como actores
principales a los pueblos de los Andes y la Amazonía, creará
las condiciones para construir un liderazgo nacionalista auténtico,
que nazca del seno de los mismos pueblos que luchan, conformado por sus
hijos más destacados y valerosos, no por caudillos prestados. En
este aspecto, el proceso boliviano es una rica y actual fuente de enseñanzas.
Bebamos de él.
Lima, junio de 2006
NOTAS.-
(1) Citado del documento La Gran Transformación, Plan de Gobierno
de Ollanta Humala.
(2) El general Juan Velasco Alvarado dio un golpe de Estado en octubre de
1968, decretó la reforma agraria y estatizó empresas petroleras,
mineras, bancos y grandes comercializadoras que eran explotadas por corporaciones
norteamericanas y europeas.
(3) Alberto Fujimori, ex presidente de Perú entre 1990 y 2000, privatizó
casi todas las empresas públicas, especialmente las de energía
eléctrica, telefonía, petróleo y minería.
(4) Valentín Paniagua, ex presidente del Gobierno de Transición
2000-2001, firmó el contrato para la explotación de los yacimientos
de gas de Camisea.
(5) Alejandro Toledo, presidente de Perú 2001-2006, fracasó
en privatizar dos centrales eléctricas en Arequipa por una huelga
general en ese departamento, pero concesionó otras empresas públicas
menores.
(6) Etnocacerismo, ideología basada en la existencia de diferencias
raciales, asume el nacionalismo como doctrina política. Fue creada
por el padre de Ollanta Humala Tasso, Isaac Humala, quien propone que “la
raza cobriza” gobierne el Perú.
(7) Pedro Pablo Kuczynski fue ministro de Economía del gobierno de
Alejandro Toledo. El último año de gobierno toledista actúa
como Primer Ministro.
