ADELANTO DE ELECCIONES GENERALES Y ASAMBLEA CONSTITUYENTE
Fernando Gutiérrez
Hace más de dos años que Alejandro Toledo perdió la confianza de la ciudadanía que lo eligió. Las mayorías populares quieren que renuncie, pero la Constitución vigente no lo permite. La obligada permanencia de un Presidente impopular, viene polarizando al país. El cántico “nosotros te pusimos, nosotros te sacamos”, gana las calles.
OBSECUENCIA OFICIAL Y POLARIZACIÓN
Al entrar al cuarto año de su gobierno, el hartazgo ciudadano contra Alejandro Toledo es generalizado. Su incapacidad para gobernar, su proclividad hacia las transnacionales y el incumplimiento de la promesa de dar prioridad a la deuda social, han reducido dramáticamente su prestigio político y personal, generándose una crisis de gobernabilidad sin posibilidades de retorno.
Hasta el mes de agosto, las encuestas de opinión arrojaban un 90 por ciento de desaprobación para Toledo; los sondeos realizados con ocasión del paro nacional del 14 de julio, señalaron que un 60 por ciento de la población quería que esta medida de fuerza exigiera su renuncia.
Estas cifras y la persistente protesta social contra el plan neoliberal, indican que el gobierno de Alejandro Toledo ya perdió legitimidad ante el pueblo, por tanto, su permanencia es un hecho antidemocrático que profundiza la crisis de gobernabilidad.
Esta situación requiere de una salida política que permita al pueblo peruano decidir sobre los cambios que sean necesarios en las esferas del poder y en el manejo de la economía nacional. La misma pasa, necesariamente, por la renuncia de Toledo y el fin de su gobierno y de la política económica neoliberal; así lo ha expresado la voluntad popular en la jornada de lucha del 14 de julio.
Los partidos del oficialismo y la oposición responden
al clamor popular cerrando filas en torno a Toledo. Pedir su renuncia, dicen,
es anticonstitucional y peligroso para la estabilidad de la democracia,
porque la Constitución vigente no establece normas que lo permitan.
Estos partidos tradicionales se aferran interesadamente a la formalidad
constitucional porque saben que, con el fin del régimen toledista,
se acaban las prebendas ministeriales y parlamentarias de las que disfrutan.
Se aprovechan de que la democracia formal les ha dado la potestad de manejar el poder hasta el 2006. Aquí actúa la estafa de siempre: una vez elegidos, expropian a la ciudadanía electora el derecho de decidir sobre la marcha cotidiana del país. Ellos y solo ellos pueden decidir si los cambios que se propongan desde el pueblo son legales o políticamente convenientes.
Con la obsecuente defensa de sus privilegios, estos sectores amenazan con llevar al país a un verdadero callejón sin salida, alimentando en el pueblo la idea de la lucha extraparlamentaria. El paro del 14 de julio fue un primer ensayo en esa dirección.
CRISIS DE RÉGIMEN
La crisis de gobernabilidad, sin embargo, no se limita al enfrentamiento con el desprestigiado Presidente. El caso Ilave, en Puno, es ilustrativo para entender el carácter del proceso que se desarrolla en el país.
En este apartado distrito, la población aymara inició en abril una lucha para destituir a su corrupto alcalde, quien encontró trágica muerte a manos de un grupo de pobladores.
Tras el lamentable suceso y harto del olvido por parte del poder central, el pueblo de Ilave hizo uso de sus costumbres democráticas y eligió un nuevo alcalde en asamblea popular. A su vez, el Ejecutivo, en una muestra más de obsecuencia y menosprecio por la opinión popular, avaló la decisión del Jurado Nacional de Elecciones que había designado como alcalde substituto a un regidor también corrupto.
Qué derecho prevalecerá finalmente en Ilave, el ancestral de las comunidades aymaras de la zona (democracia directa, participativa), o el oficial (democracia representativa, la ley vigente). Solo los acontecimientos posteriores lo dirán.
La lucha de Ilave se convirtió así en un caso emblemático; inmediatamente después surgieron casos similares en diversos distritos del norte y sur del Perú. En todos se cuestiona en forma abierta a la autoridad oficial, que es vista como sinónimo de incapacidad, abuso y postergación. Ilave puso al descubierto un proceso peligroso para el orden establecido.
La reacción del mundo oficial fue lapidaria: gobierno, oposición, militares, jueces, grandes empresarios, autoridades eclesiásticas y la mayoría de medios de comunicación se unieron para ridiculizar y satanizar la decisión de los ilaveños, acusándolos de “separatistas”, “cómplices” de contrabandistas o de “tontos útiles” al servicio del narcotráfico y los terroristas.
Pero Ilave no es un caso aislado, sino expresión avanzada de la confrontación política y social que se desarrolla en el Perú. Nos muestra, por ello, la profunda crisis que corroe al gobierno y al estado, divorciados en grado sumo de la sociedad.
No es casual, entonces, que tanto el Presidente de la República como los otros poderes del estado se vean afectados por altísismos índices de impopularidad. Las encuestas revelan que el 80 por ciento de la población no confía en el Congreso Nacional. Sobre el Poder Judicial, los peruanos consideran que más del 90 por ciento de jueces son corruptos.
Por su parte, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, bastante desprestigiadas por su participación en el régimen fujimontesinista, tampoco escapan al odio popular por las acciones represivas que han vuelto a desarrollar con Alejandro Toledo.
La alta impopularidad también alcanza a los partidos políticos que controlan los resortes del régimen democrático actual: un 70-80 por ciento de la ciudadanía manifiesta que no confía en ellos.
El Acuerdo Nacional, que agrupa al gobierno, los partidos y a las dirigencias empresariales y sindicales del país, no logra tener peso político en la población debido a su compromiso con el régimen y la política económica neoliberal.
Asistimos, entonces, a una crisis no solo de gobierno sino de todo el régimen político y del sistema de partidos que se estableció tras las elecciones generales del 2001, crisis que se sintetiza en la falta de representatividad de todos estos sectores que tienen en sus manos las riendas del país. Algunos analistas ya hablan de “vacío de poder”.
NEOLIBERALISMO: MANZANA DE LA DISCORDIA
Cómo se llegó a esta situación. Los voceros de la oposición patronal y los principales medios de comunicación afirman que toda la crisis la ha generado el Presidente, por sus “metidas de pata”, sus mentiras y por los casos de corrupción que comprometen a su entorno familiar-amical. Toledo, dicen, se excedió en promesas y ahora está pagando las consecuencias por no poder cumplirlas.
Muy pocos se atreven a señalar la verdadera razón de la crisis del conjunto del régimen: la aplicación de la política económica neoliberal.
Es cierto que el gobierno actual heredó la enorme deuda social que le dejó el mafioso ex dictador Alberto Fujimori: más de 12 millones de peruanos en situación de extrema pobreza, despidos masivos y altos niveles de desempleo, salarios míseros, educación y salud en abandono, quiebra de la industria nacional y descapitalización del agro.
Pero Toledo sabía, como el pueblo peruano, que todo este desastre fue ocasionado por la aplicación, por parte de Fujimori, de los planes económicos diseñados por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, a pesar de ello, decidió dar continuidad a la política económica del ex dictador, prolongando así el suplicio y exclusión de las mayorías nacionales.
La cifra de peruanos en extrema pobreza se mantiene casi igual. El tan promocionado crecimiento económico promedio anual de 4 por ciento, no consigue bajar los antiguos índices de desempleo, menos atender la demanda de la juventud que año a año se integra al mercado laboral. La falta de empleo es considerado el principal problema del país, según los sondeos de opinión.
Los índices de deserción escolar aumentan y las personalidades que integran el Consejo Nacional de Educación insisten en sus llamados para salvar la educación pública. Las luchas en las universidades estatales se multiplican por la falta de recursos, contra autoridades que solapan la austeridad fiscal neoliberal y por casos específicos de reelección de autoridades corruptas.
En el sector salud, enfermeras, técnicos y médicos, empleados por el Estado, se han visto obligados a retomar el camino de las huelgas y movilizaciones por mejores salarios y otras demandas; se han descubierto millonarios robos de medicinas y ha salido a la luz pública la situación de grave deterioro en que se encuentra la infraestructura hospitalaria estatal.
Los campesinos continúan sin el adecuado apoyo financiero y solo sobreviven al tener que competir con alimentos importados subsidiados en sus países de origen. Y tienen que enfrentar, además, dificultades adicionales como la contaminación de las aguas y la depredación de bosques, por parte de empresas mineras y madereras, o, en el caso de los sembradores de coca, la sustitución forzada de cultivos que aplica la institución Devida con dinero norteamericano.
En contraste con las penurias que sufre el pueblo peruano, las transnacionales que controlan las comunicaciones, la energía eléctrica y la producción de oro en el país, por ejemplo, sí han obtenido cuantiosas ganancias, como en la época del fujimorismo, gracias a las exoneraciones tributarias, la flexibilidad laboral y otros incentivos a la inversión privada.
La banca internacional ha sido la otra gran beneficiada por el régimen: entre los años 2002 y 2005 el monto destinado para el pago de la deuda externa ha crecido de 22 a 25 por ciento del Presupuesto de la República; mientras el gasto corriente (sueldos de trabajadores estatales) se redujo del 65 al 60 por ciento y la inversión pública mantuvo su mísero nivel (bajó de 12 a 11 por ciento).
Este trato desigual: “chorreo” para los multimillonarios y “goteo” para el pueblo peruano, es la razón de fondo por la cual el plan económico neoliberal es el otro principal componente del régimen toledista que es repudiado y enfrentado por las mayorías populares. Es también la explicación de por qué a Toledo lo aplauden en los Estados Unidos y lo pifian y le lanzan huevos en el Perú.
Preocupados por no seguir bajando en las encuestas, Toledo y sus ministros astutamente han querido convencer al pueblo de que el inicio de la explotación del gas de Camisea, en el sur del país, así como la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, sí van a permitir levantar la economía nacional al nivel que sea posible atender las urgencias populares.
Pero esto es otra mentira descomunal: la nueva riqueza gasífera solo engordará los bolsillos de los ricos y la burocracia corrupta, como viene ocurriendo con el conjunto de la riqueza económica que se produce en el país. Y el nuevo acuerdo comercial favorecerá a las élites económicas de siempre: el grupo Romero, los Brescia, los Picasso, el grupo Wiese, etcétera, socios eternos de las transnacionales y del país imperialista del Norte.
La población intuye el nuevo engaño, de allí que las encuestas sigan marcando altos porcentajes de desesperanza sobre las posibilidades de mejoría en educación, salud, empleo y desarrollo. Más de la mitad de jóvenes y un buen porcentaje de adultos desearían viajar al extranjero en busca de un futuro mejor. Con Toledo “no pasa nada”, dicen.
El generalizado rechazo a Toledo expresa la ruptura política del pueblo peruano con el modelo neoliberal que 14 años atrás consideró su tabla de salvación. Ningún nuevo proyecto de explotación minera, petrolera, forestal o gasífera contará con la confianza de la población directamente afectada, hasta que no se produzca un verdadero cambio en el manejo de los intereses populares y nacionales.
EL FRENTE PATRONAL
Otro componente de la crisis de gobernabilidad es la conflictiva relación gobierno-oposición que ha persistido desde los inicios del mandato toledista. El hecho de que el conjunto de fuerzas políticas y gremiales patronales apoyen, desde el Acuerdo Nacional y el Congreso, la continuidad del gobierno de Alejandro Toledo y de su política neoliberal, no significa que las contradicciones no existan.
Las fricciones se han desarrollado de manera áspera en temas como privatizaciones, reforma tributaria, corrupción, fiscalización, descentralización, fuerzas armadas y policiales, reforma constitucional, etcétera. En cada discusión, los partidos de la oposición patronal se han preocupado en marcar distancias con un gobierno tan desprestigiado.
Alan García, por ejemplo, pretendiente del APRA al sillón presidencial para el 2006, decidió sumarse al paro nacional del 14 de julio al percibir la politización extrema del descontento social. Fue una maniobra oportunista para dotarse de una aureola social que le sirviera de carta de presentación en su posterior visita a los Estados Unidos, de donde regresó “transformado” en adalid de la inversión extranjera y las privatizaciones.
En agosto último la oposición APRA-Unidad Nacional tomó la Mesa Directiva del Congreso, lo que desató una feroz pugna por el control de las comisiones parlamentarias. En la bancada toledista hubo renuncias por las posiciones perdidas.
De otro lado, como suele suceder en todo proceso de crisis de un régimen político, aparecieron, como por arte de magia, denuncias sobre casos de corruptelas en el entorno presidencial: millonarios sobornos para el Presidente, la esposa con cuentas secretas, el hermano traficante de terrenos, la hermana falsificadora de firmas para la inscripción electoral del partido de gobierno, etcétera.
A mediados de agosto se presentó una nueva testigo que confirmó la veracidad del hecho delictivo de la falsificación de firmas. Con su testimonio comprometió a Toledo, su esposa, sus hermanos, cuñados, sobrinos, amigos, dirigentes y congresistas de Perú Posible. ¿Quién azuza estas denuncias tardías (6 años después) y por qué ahora?
Como sea, Rafael Rey, declarado simpatizante fujimorista y parlamentario de la alianza derechista Unidad Nacional, aprovechó la ocasión para calificar públicamente de delincuente al Presidente y retomar su propuesta de la vacancia presidencial por incapacidad moral.
La coyuntura no podría ser más propicia, ahora que la derecha política tiene un representante de cuna presidiendo el Congreso de la República: Ántero Flores-Aráoz, hombre fuerte del Partido Popular Cristiano, del ultraconservador Luis Bedoya Reyes.
Flores-Aráoz sería el sucesor de Toledo, si se diera el caso y se tomara en cuenta el precedente cercano de la elección en el 2000 de Valentín Paniagua, entonces presidente del Congreso, como reemplazante del fugado Fujimori. Con Flores-Aráoz en Palacio de Gobierno la derecha tradicional tendría otra vez las riendas del país en sus manos, sin intermediarios advenedizos.
Esta posibilidad redundaría, además, en beneficio inmediato de la mafia fujimontesinista, en tanto son conocidos los lazos que siempre cultivaron estos dos sectores durante la última década.
Esta mafia, a pesar de tener en las cárceles a sus principales integrantes, no ha descansado en crearle problemas a Toledo con destapes y acusaciones de toda índole. El nuevo contexto la ha alentado a pasar a la ofensiva política, al punto que Fujimori aparece en últimas encuestas ocupando el segundo lugar de las preferencias electorales, aunque con solo 18 por ciento, detrás de Valentín Paniagua de Acción Popular (20 por ciento) y ganándole a Alan García.
Por encima de estas fuertes e importantes contradicciones, que hacen más caótica la crisis del gobierno, éste, la patronal y la oposición parlamentaria siguen unidos por la política neoliberal, esperanzados en remontar las dificultades económicas y la crisis política con más inversión extranjera. La falta de apoyo en las mayorías populares les induce a buscar oxígeno en las transnacionales.
Discuten, sí, sobre la mejor manera de atraer los capitales foráneos. En este debate, vienen ganando posiciones los sectores más radicales y corruptos del neoliberalismo peruano, alimentados por la presión de los grandes empresarios, otrora soporte económico-político del fujimorato, quienes exigen a Toledo que termine de privatizar las empresas públicas que faltan (Petroperú, Sedapal y otras) y mantenga el régimen de flexibilidad laboral establecido por Fujimori.
El ministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski, por ejemplo, ha golpeado duro en esta pugna: despidió al neoliberal moderado Kurt Burneo y puso como nuevo viceministro de Hacienda al ex alto funcionario fujimorista Luis Carranza, preparándose para llevar a la práctica un nuevo paquete de privatizaciones y la llamada tercera generación de reformas neoliberales.
Sin duda, las nuevas medidas privatizadoras que se tratarán de implementar, así como los mayores montos destinados al pago de la deuda externa para el 2005 serán la fragua de nuevos conflictos sociales y de la mayor impopularidad del Presidente.
¿Por qué, entonces, insistir en lo mismo? Las fuerzas políticas y empresariales más conservadoras del país, tratan de aprovechar su influencia en las esferas del poder para empujar al gobierno a terminar el trabajo sucio, aunque eso le cueste a Alejandro Toledo pasar a la historia como el Presidente más repudiado de Latinoamérica.
Quieren aprovechar los dos últimos años de gobierno toledista, que ya es un cadáver político, para blindar las ataduras del Perú al dominio económico, político, social y cultural de las transnacionales y los Estados Unidos, vía mayores privatizaciones y concesiones, exoneraciones tributarias y el Tratado de Libre Comercio que se negocia a espaldas del pueblo peruano con el imperialismo norteamericano.
El propio Toledo ha declarado estar dispuesto a actuar como una especie de “kamikaze cholo” con tal de asegurar la aplicación del plan neoliberal hasta sus últimas consecuencias.
Como vemos, y aunque suene paradójico, después del paro nacional es la derecha peruana, desde el gobierno y la oposición, quien ha tomado la ofensiva política. Está sacando ventaja de la falta de continuidad en la movilización popular y de la parálisis política en que han caído las direcciones sindicales y sus corrientes partidarias.
PARO POLÍTICO
El pueblo peruano ya no cree en el neoliberalismo. Con Fujimori se convenció de que esa política económica causó su actual paupérrima situación. Por eso, al constatar que Toledo se había enganchado al plan neoliberal y que, en consecuencia, no iba a cumplir sus promesas, decidió retomar el proceso de lucha y organización que había iniciado en los últimos años del Fujimorismo.
La lucha frontal contra el gobierno de Toledo empezó con la huelga del pueblo arequipeño, que impidió la privatización de las centrales eléctricas del sur, en el 2002. Luego vinieron la huelga del SUTEP y las jornadas de los frentes regionales y de diversos gremios campesinos y sindicales, con bloqueos de carreteras, que el Ejecutivo respondió con la declaración del estado de emergencia.
En el presente año, las marchas hacia Lima de los gremios de campesinos sembradores de coca (cocaleros), las movilizaciones de maestros, las medidas de lucha de enfermeras y médicos, así como la huelga de los trabajadores del poder judicial y otros conflictos constituyeron el torrente que dio fuerza al paro nacional del 14 de julio.
La persistente movilización sindical-popular y el enorme desprestio del Presidente Toledo y de todo su régimen, permitieron que este paro nacional se hiciera de simpatías en amplios sectores de la ciudadanía y adquiriera así un carácter político bien marcado.
Grandes sectores del pueblo izaron el paro nacional como su bandera política para cuestionar la vigencia del gobierno, en vista de que todos los sectores de la oposición parlamentaria habían cerrado filas con éste y defendían su permanencia hasta el 2006.
Con este hecho, nuevo en el escenario nacional de los últimos 15 años, quedó abierta una coyuntura especial, caracterizada por la decisión de librar una lucha unificada a nivel nacional para terminar con Toledo, su régimen y su política económica.
El paro nacional había sido convocado a regañadientes por los dirigentes de las centrales y federaciones más importantes, que se encontraban ocupados en las conversaciones del Acuerdo Nacional. La presión de las bases les obligó, por eso lo convocaron para una fecha bastante lejana, con la excusa de contar con tiempo para prepararla bien.
Pero el paro tuvo un desarrollo limitado debido, precisamente, a que dichas direcciones se negaron a convertirlo en una acción combativa para no comprometer su participación en el Acuerdo Nacional. Lo que no estuvo en sus planes fue la politización inesperada de la acción de lucha, ante lo cual tuvieron que anunciar, demagógicamente, que se retirarían del Acuerdo Nacional y demandarían la renuncia de Toledo si éste no cambiaba de política económica.
Toledo no solo no cambia su política económica sino que ya anunció más privatizaciones. Sin embargo, las direcciones convocantes del paro y las fuerzas de izquierda que las sostienen, han entrado a un sospechoso silencio, dejando la lucha popular sin planes de continuidad.
Justo cuando el movimiento popular ha hecho suya la demanda de renuncia de Toledo, estas direcciones se tiran para atrás, demostrando con ello que toda su prédica radical contra el gobierno y su política económica solo es una forma de abrirse espacios electorales con miras al 2006.
DEMOCRACIA Y LUCHA
La gravedad de la crisis que afecta al régimen toledista, exige una salida política basada en el ejercicio del derecho democrático del pueblo peruano de decidir libremente sobre la mejor solución que favorezca a sus expectativas e intereses. Los legalismos no deben pesar más que la voluntad soberana del pueblo.
Esta salida política pasa por hacer prevalecer el deseo mayoritario de sacar a Toledo ahora, con la demanda de elecciones generales adelantadas y la convocatoria a una Asamblea Constituyente que recupere la soberanía económica del país y restituya los derechos económicos y sociales del pueblo peruano.
La iniciativa para la lucha por esta salida política del pueblo, debiera partir de las organizaciones que lideraron el paro nacional. Ellas son las llamadas a convocar la más amplia unidad sindical y popular en torno a las demandas señaladas.
Lamentablemente, aquí persisten las debilidades que se mostraron en el paro del 14 de julio: la dirección de la CGTP, la central sindical más importante, no quiere salir del Acuerdo Nacional ni definirse claramente por la salida de Toledo. La actitud conciliadora de esta dirección nacional, está impidiendo que se acelere el proceso de organización y lucha contra el gobierno y su política neoliberal.
Para tener éxito, el movimiento popular necesita contar con una fuerte organización sindical-popular, centralizada a nivel nacional, ampliamente representativa y con probada autoridad moral y política frente a sus bases, como la tuvo el pueblo de Bolivia, por ejemplo, gracias a lo cual fue posible la huelga nacional que destituyó al presidente neoliberal Sánchez de Lozada.
Junto con esta dirección centralizada y combativa, se requiere también tener claridad y unidad en los objetivos políticos de la lucha. En este aspecto existe todavía una discusión abierta en el seno de las organizaciones sindicales y populares.
Hay sectores que proponen elecciones generales adelantadas, otros prefieren que se convoque a una Asamblea Constituyente. También se plantea luchar solo para que se cambie de política económica o por un gabinete concertado con la oposición. Incluso hay quienes se hacen eco de la propuesta de vacancia presidencial, que dejaría en pie al régimen y al Congreso actual, cambiándose solo al Presidente.
En medio de esta falta de clarificación política, los nuevos y sanos reagrupamientos de luchadores campesinos, sindicales, populares, profesionales y estudiantiles, que pretenden renovar la política en el país, tienen entre manos un gran desafío: ponerse al frente del movimiento social que demanda la renuncia de Alejandro Toledo ¡ahora! y hacer campaña por la convocatoria a elecciones generales adelantadas y a una Asamblea Constituyente.
Junto con esto, proponer un plan económico alternativo que garantice la atención inmediata de las necesidades y demandas sociales así como la defensa y reactivación soberana de la economía nacional. De otro lado, llamar a la organización, desde las bases, de una dirección nacional unificada y representativa de todos los sectores del movimiento popular, que se encargue de preparar y ejecutar un plan de lucha nacional; y, preparar la intervención política de las fuerzas populares en los retos electorales que vendrán.
El adelanto de las elecciones generales es una demanda política mínima pero democrática, que permite clarificar al pueblo el objetivo concreto de su lucha y unificarlo políticamente contra el gobierno que repudia.
Su convocatoria significaría un duro golpe a la actual configuración de fuerzas que, desde el Ejecutivo, el Congreso y el Acuerdo Nacional, sostienen el modelo neoliberal en el país; lo que, a su vez, abriría mejores espacios para la lucha por un nuevo plan económico y la construcción de una alternativa de poder de los trabajadores y el pueblo.
La convocatoria a elecciones generales adelantadas, además, daría libertad inmediata al debate político que el actual Congreso mantiene encarpetado sobre la necesaria reforma constitucional, abriéndose el camino para una Asamblea Constituyente que decida sobre los temas de fondo: construir un país desarrollado y multicultural, con democracia participativa, sin explotados ni excluidos, un país soberano e integrado a las demás naciones latinoamericanas.
Lima, agosto del 2004
