La historia del Perú registra más de un trance difícil, penoso, de auténtica postración nacional. Pero, con seguridad, ninguno de ellos merece estar marcado tan rotundamente con el sello de la vergüenza y el deshonor como el fragmento de historia que estamos obligados a contar en las páginas del informe que hoy entregamos a la Nación. Las dos décadas finales del siglo XX son — es forzoso decirlo sin rodeos — una marca de horror y de deshonra para el Estado y la sociedad peruanos.
La exclusión absoluta
Hace dos años, cuando se constituyó la Comisión de
la Verdad y Reconciliación, se nos encomendó una tarea vasta
y difícil: investigar y hacer pública la verdad sobre las
dos décadas de origen político que se iniciaron en el Perú
en 1980. Al cabo de nuestra labor, podemos exponer esa verdad con un dato
que, aunque es abrumador, resulta al mismo tiempo insuficiente para entender
la magnitud de la tragedia vivida en nuestro país: la Comisión
ha encontrado que la cifra más probable de víctimas fatales
en esos veinte años supera los 69 mil peruanos y peruanas muertos
o desaparecidos a manos de las organizaciones subversivas o por obra de
agentes del Estado.
No ha sido fácil ni mucho menos grato llegar a esa cifra cuya sola
enunciación parece absurda. Y sin embargo, ella es una de las verdades
con las que el Perú de hoy tiene que aprender a vivir si es que verdaderamente
desea llegar a ser aquello que se propuso cuando nació como República:
un país de seres humanos iguales en dignidad, en el que la muerte
de cada ciudadano cuenta como una desventura propia, y en el que cada pérdida
humana – si es resultado de un atropello, un crimen, un abuso –
pone en movimiento las ruedas de la justicia para compensar por el bien
perdido y para sancionar al responsable.
Nada, o casi nada, de eso ocurrió en las décadas de violencia
que se nos pidió investigar. Ni justicia, ni resarcimiento ni sanción.
Peor aún: tampoco ha existido, siquiera, la memoria de lo ocurrido,
lo que nos conduce a creer que vivimos, todavía, en un país
en el que la exclusión es tan absoluta que resulta posible que desaparezcan
decenas de miles de ciudadanos sin que nadie en la sociedad integrada, en
la sociedad de los no excluidos, tome nota de ello.
En efecto, los peruanos solíamos decir, en nuestra peores previsiones,
que la violencia había dejado 35 mil vidas perdidas. ¿Qué
cabe decir de nuestra comunidad política, ahora que sabemos que faltaban
35 mil más de nuestros hermanos sin que nadie los echara de menos?
Un doble escándalo
Se nos pidió averiguar la verdad sobre la violencia, señor
Presidente, y asumimos esa tarea con seriedad y rigor, sin estridencias,
pero, al mismo tiempo, decididos a no escamotear a nuestros compatriotas
ni una pizca de la historia que tiene derecho a conocer. Así, nos
ha tocado rescatar y apilar uno sobre otro, año por año, los
nombres de decenas de miles de peruanos que estuvieron, que deberían
estar y que ya no están. Y la lista, que entregamos hoy a la Nación,
es demasiado grande como para que en el Perú se siga hablando de
errores o excesos de parte de quienes intervinieron directamente en esos
crímenes. Y la verdad que hemos encontrado es, también, demasiado
estridente y rotunda como para que alguna autoridad o un ciudadano cualquiera
pueda alegar ignorancia en su descargo.
El informe que hoy presentamos expone, pues, un doble escándalo:
el del asesinato, la desaparición y la tortura masivos, y el de la
indolencia, la ineptitud y la indiferencia de quienes pudieron impedir esta
catástrofe humanitaria y no lo hicieron.
Hemos afirmado que el dato numérico es abrumador, pero insuficiente.
Es cierto. Poco explica ese número o cualquier otro sobre las asimetrías,
las responsabilidades y los métodos del horror vivido por la población
peruana. Y poco nos ilustra, también, sobre la experiencia del sufrimiento
que se abatió sobre las víctimas para no abandonarlas más.
En este informe cumplimos con el deber que se nos impuso y con la obligación
que contrajimos voluntariamente: exponer públicamente la tragedia
como una obra de seres humanos padecida por seres humanos.
Hemos encontrado al cabo de nuestras investigaciones que de cada cuatro
víctimas, tres fueron campesinos o campesinas cuya lengua materna
era el quechua. Se trata, como sabemos los peruanos, de un sector de la
población históricamente ignorado por el Estado y por la sociedad
urbana, aquélla que sí disfruta de los beneficios de nuestra
comunidad política.
La Comisión no ha encontrado bases para afirmar, como alguna vez
se ha hecho, que éste fue un conflicto étnico. Pero sí
tiene fundamento para aseverar que estas dos décadas de destrucción
y muerte no habrían sido posibles sin el profundo desprecio a la
población más desposeída del país, evidenciado
por miembros del PCP-Sendero Luminoso y agentes del Estado por igual, ese
desprecio que se encuentra entretejido en cada momento de la vida cotidiana
de los peruanos.
Diecisiete mil testimonios aportados voluntariamente a la Comisión
nos han permitido reconstruir, siquiera en esbozo, la historia de esas víctimas.
Los peruanos han sido testigo de ello en las audiencias públicas
que organizamos en distintas localidades del país. Los peruanos han
sentido, de seguro, el agobio en encontrar en los testimonios, una y otra
vez, el insulto racial, el agravio verbal a personas humildes, como un abominable
estribillo que precede a la golpiza, la violación sexual, el secuestro
del hijo o la hija, el disparo a quemarropa de parte de algún agente
de las fuerzas armadas o la policía. Nosotros, en el curso de nuestras
diligencias, nos hemos sentido indignados, por otra parte, de oír
de los dirigentes de las organizaciones subversivas explicaciones estratégicas
sobre por qué era oportuno, en cierto recodo de la guerra, reducir
por el terror cuando no aniquilar a ésta o aquélla comunidad
campesina.
Mucho se ha escrito sobre la discriminación cultural, social y económica
persistentes en la sociedad peruana. Poco han hecho las autoridades del
Estado o los ciudadanos corrientes para combatir ese estigma de nuestra
comunidad. Este informe muestra al país y al mundo que es imposible
convivir con el desprecio, que éste es una enfermedad que acarrea
daños muy tangibles. Desde hoy, el nombre de miles de muertos y desaparecidos
estará aquí, en estas páginas, para recordárnoslo.
Responsables
Nuestro informe expone a todo el país la historia de miles de violaciones
de los derechos humanos cometidos en las dos últimas décadas,
crímenes de lesa humanidad practicados contra la sociedad y el Estado
peruanos por las organizaciones subversivas o desde el Estado peruano por
miembros de las fuerzas de seguridad.Es cierto que esos crímenes,
abusos y atropellos no se dieron en el vacío, sino en una sociedad
desde antiguo mal habituada a la violencia contra los más débiles.
Sin embargo – queremos afirmarlo con rotundidad – nadie se debe
escudar en los defectos de nuestra sociedad ni en los rigores de nuestra
historia para evadir sus responsabilidades.
Es verdad — y esa es una lección mayor de este informe —
que existe una culpa general, la culpa de la omisión, que involucra
a todos los que dejamos hacer sin preguntar en los años de la violencia.
Somos los primeros en señalarlo así. Pero al mismo tiempo
advertimos que existen responsabilidades concretas que afrontar y que el
Perú — como toda sociedad que haya vivido una experiencia como
ésta — no puede permitir la impunidad. La impunidad es incompatible
con la dignidad de toda nación democrática.
La Comisión ha encontrado numerosos responsables de crímenes
y violaciones de los derechos humanos e – informamos de ello a la
Nación – así lo estamos haciendo saber a las autoridades
pertinentes, respetando siempre los requisitos y restricciones que señala
la ley peruana para imputar un delito. La Comisión exige, y alienta
a la sociedad peruana a exigir, que la justicia penal actúe de inmediato,
sin espíritu de venganza, pero con energía y sin vacilaciones.
Sin embargo, este informe va, en realidad, más allá del señalamiento
de responsabilidades particulares. Hemos encontrado que los crímenes
cometidos contra la población peruana no fueron, por desgracia, atropellos
de ciertos sujetos perversos que se apartaban, así, de las normas
de sus organizaciones. Nuestras investigaciones de campo, sumadas a los
testimonios ya mencionados y un meticuloso análisis documental, nos
obligan a denunciar en términos categóricos la perpetración
masiva de crímenes coordinados o previstos por las organizaciones
o instituciones que intervinieron directamente en el conflicto.
Mostramos en estas páginas de qué manera la aniquilación
de colectividades o el arrasamiento de ciertas aldeas estuvo previsto en
la estrategia del PCP-Sendero Luminoso. Junto con ello, el cautiverio de
poblaciones indefensas, el maltrato sistemático, el asesinato como
forma de impartir ejemplos e infundir temor conformaron una metodología
del horror puesta en práctica al servicio de un objetivo —
el poder — considerado superior al ser humano.
El triunfo de la razón estratégica, la voluntad de destrucción
por encima de todo derecho elemental de las personas, fue la sentencia de
muerte para miles de ciudadanos del Perú. Esta voluntad la hemos
encontrado enraizada en la doctrina del PCP-Sendero Luminoso, indistinguible
de la naturaleza misma de la organización en esos veinte años.
Nos hemos topado con aquella razón estratégica en las declaraciones
de los representantes de la organización, que transparentan una disposición
manifiesta a administrar la muerte y aun la crueldad más extrema
como herramientas para la consecución de sus objetivos. Por su carácter
inherentemente criminal y totalitario, despectivo de todo principio humanitario,
el PCP-Sendero Luminoso es una organización que, en cuanto tal, no
puede tener cabida en una nación democrática y civilizada
como la que deseamos construir los peruanos.
El Estado
Frente a un desafío tan desmesurado, era deber del Estado y sus agentes
defender a la población — su fin supremo — con las armas
de la ley. Debe quedar claro que el orden que respaldan y reclaman los pueblos
democráticos no es el de los campos de concentración, sino
aquél que asegura el derecho a la vida y la dignidad de todos. No
lo entendieron así los encargados de defender ese orden. En el curso
de nuestras investigaciones, y teniendo a mano las normas de derecho internacional
que regulan la vida civilizada de las naciones, hemos llegado a la convicción
de que, en ciertos periodos y lugares, las fuerzas armadas incurrieron en
una práctica sistemática o generalizada de violaciones de
derechos humanos y que existen fundamentos para señalar la comisión
de delitos de lesa humanidad, así como infracciones al derecho internacional
humanitario.
Como peruanos, nos sentimos abochornados por decir esto, pero es la verdad
y tenemos la obligación de hacerla conocer. Durante años,
las fuerzas del orden olvidaron que ese orden tiene como fin supremo a la
persona y adoptaron una estrategia de atropello masivo de los derechos de
los peruanos, incluyendo el derecho a la vida. Ejecuciones extrajudiciales,
desapariciones, torturas, masacres, violencia sexual contra las mujeres
y otros delitos igualmente condenables conforman, por su carácter
recurrente y por su amplia difusión, un patrón de violaciones
de los derechos humanos que el Estado peruano y sus agentes deben reconocer
para subsanar.
Tanta muerte y tanto sufrimiento no se pueden acumular simplemente por el
funcionamiento ciego de una institución o de una organización.
Se necesita, como complemento, la complicidad o al menos la anuencia de
quienes tienen autoridad y por lo tanto facultades para evitar una desgracia.
La clase política que gobernó o tuvo alguna cuota de poder
oficial en aquellos años tiene grandes explicaciones que dar al Perú.
Hemos reconstruido esta historia y hemos llegado al convencimiento de que
ella no hubiera sido tan grave si no fuera por la indeferencia, la pasividad
o la simple ineptitud de quienes entonces ocuparon los más altos
cargos públicos. Este informe señala, pues, las responsabilidades
de esa clase política que, debemos recordarlo, no ha realizado todavía
una debida asunción de sus culpas en la desgracia de los compatriotas
a los que quisieron, y tal vez quieran todavía, gobernar.
Es penoso, pero cierto: quienes pidieron el voto de los ciudadanos del Perú
para tener el honor de dirigir nuestro Estado y nuestra democracia; quienes
juraron hacer cumplir la Constitución que los peruanos se habían
dado a sí mismos en ejercicio de su libertad, optaron con demasiada
facilidad por ceder a las fuerzas armadas esas facultades que la Nación
les había dado. Quedaron, de este modo, bajo tutela las instituciones
de la recién ganada democracia; se alimentó la impresión
de que los principios constitucionales eran ideales nobles pero inadecuados
para gobernar a un pueblo al que –en el fondo– se menospreciaba
al punto de ignorar su clamor, reiterando la vieja práctica de relegar
sus memoriales al lugar al que se ha relegado, a lo largo de nuestra historia,
la voz de los humildes: el olvido.
En un país como el nuestro, combatir el olvido es una forma poderosa
de hacer justicia. Estamos convencidos de que el rescate de la verdad sobre
el pasado – incluso de una verdad tan dura, tan difícil de
sobrellevar como la que nos fue encomendado buscar – es una forma
de acercarnos más a ese ideal de democracia que los peruanos proclamamos
con tanta vehemencia y practicamos con tanta inconstancia.
En el momento en que la Comisión de la Verdad y Reconciliación
fue instituida, el Perú asistía, una vez más, a un
intento entusiasta de recuperar la democracia perdida. Y sin embargo, para
que ese entusiasmo tenga fundamento y horizonte, creemos indispensable recordar
que la democracia no se había perdido por sí sola. La democracia
fue abandonada poco a poco por quienes no supimos defenderla. Una democracia
que no se ejerce con cotidiana terquedad pierde la lealtad de sus ciudadanos
y cae sin lágrimas. En el vacío moral del que medran las dictaduras
las buenas razones se pierden y los conceptos se invierten, privando al
ciudadano de toda orientación ética: la emergencia excepcional
se vuelve normalidad permanente; el abuso masivo se convierte en exceso;
la inocencia acarrea la cárcel; la muerte – finalmente –
se confunde con la paz.
El Perú está en camino, una vez más, de construir una
democracia. Lo está por mérito de quienes se atrevieron a
no creer en la verdad oficial de un régimen dictatorial; de quienes
llamaron a la dictadura, dictadura; a la corrupción, corrupción;
al crimen, crimen. Esos actos de firmeza moral, en las voces de millones
de ciudadanos de a pie, nos demuestran la eficacia de la verdad. Similar
esfuerzo debemos hacer ahora. Si la verdad sirvió para desnudar el
carácter efímero de una autocracia, está llamada ahora
a demostrar su poderío, purificando nuestra República.
Esa purificación es el paso indispensable para llegar a una sociedad
reconciliada consigo misma, con la verdad, con los derechos de todos y cada
uno de sus integrantes. Una sociedad reconciliada con sus posibilidades.
Señor Presidente:
El informe que presentamos a usted, y por intermedio suyo a toda la Nación,
contiene un serio y responsable esfuerzo de reflexión colectiva sobre
la violencia que vivió el Perú a partir de mayo de 1980. Se
ha elaborado sobre la base de 16,986 testimonios recogidos en todo el territorio
nacional de la boca de miles de peruanos, hombres y mujeres en su mayoría
humildes que nos abrieron sus puertas y sus corazones, que consintieron
en recordar – para instrucción de sus compatriotas –
una verdad que cualquier persona quisiera olvidar, que tuvieron la valentía
de señalar a responsables de graves crímenes y la entereza
de compartir su dolor y, también, su terca esperanza de ser, algún
día, reconocidos como peruanos por sus propios compatriotas.
Las voces de peruanos anónimos, ignorados, despreciados, que se encuentran
recogidas en estos miles de páginas, deben ser – son –
más altas y más limpias que todas aquellas voces que, desde
la comodidad del poder y del privilegio, se han apresurado a levantarse
en las últimas semanas para negar de antemano, como tantas veces
ha ocurrido en nuestro país, toda credibilidad a sus testimonios
y para cerrar el paso a toda corriente de solidaridad con los humildes.
Creemos, Señor Presidente, que ya no será posible acallar
los testimonios aquí recogidos y puestos a disposición de
la Nación entera. Nadie tiene derecho a ignorarlos y, menos que nadie,
la clase política, aquellos ciudadanos que tienen la aspiración
– legítima, aunque no siempre entendida con rectitud –
de ser gobernantes y por tanto de ser servidores de sus compatriotas, según
mandan los principios de la democracia. Mal harían los hombres y
mujeres políticos, mal haríamos todos, en fingir que esta
verdad, que estas voces, no existen, y en encogernos de hombros ante los
mandatos que surgen de ella: hacer justicia en el doble sentido de dar reparaciones
por los daños sufridos y de imponer castigos justos, no venganzas,
a los culpables, y llevar a cabo las transformaciones de nuestro Estado
y sociedad que impidan que una desgracia como la que vivimos se pueda repetir.
Asumir las obligaciones morales que emanan de esta informe – la obligación
de hacer justicia y de hacer prevalecer la verdad, la obligación
de cerrar las brechas sociales que fueron el telón de fondo de la
desgracia vivida – es tarea de un estadista, es decir, de un hombre
o una mujer empeñado en gobernar para mejorar el futuro de sus conciudadanos.
Al hacer a usted, señor Presidente, depositario de este informe,
confiamos en dejarlo en buenas manos. No hacemos, en todo caso, otra cosa
que devolver al Estado, que usted representa, ya debidamente cumplido el
honroso encargo que se nos confió: el informe final de nuestras investigaciones,
en el que se recoge la verdad y solamente la verdad que hemos sido capaces
de averiguar para conocimiento y reflexión de nuestros conciudadanos.
Señor Presidente,
compatriotas,
amigos:
Empecé afirmando que en este informe se habla de vergüenza y
de deshonra. Debo añadir, sin embargo, que en su páginas se
recoge también el testimonio de numerosos actos de coraje, gestos
de desprendimiento, signos de dignidad intacta que nos demuestran que el
ser humano es esencialmente magnánimo. Ahí se encuentran quienes
no renunciaron a la autoridad y la responsabilidad que sus vecinos les confiaron;
ahí se encuentran quienes desafiaron el abandono para defender a
sus familias convirtiendo en arma sus herramientas de trabajo; ahí
se encuentran quienes pusieron su suerte al lado de los que sufrían
prisión injusta; ahí se encuentran los que asumieron su deber
de defender al país sin traicionar la ley; ahí se encuentran
quienes enfrentaron el desarraigo para defender la vida. Ahí se encuentran:
en el centro de nuestro recuerdo.
Presentamos este informe en homenaje de todos ellos y de todas ellas. Lo
presentamos, además, como un mandato de los ausentes y de los olvidados
a toda la Nación. La historia que aquí se cuenta habla de
nosotros, de lo que fuimos y de lo que debemos dejar de ser. Esta historia
habla de nuestras tareas. Esta historia comienza hoy.
Salomón Lerner Febres
Presidente
Comisión de la Verdad y Reconciliación