Clara Rojas
¡Al ladrón! grita el ladrón. Recurso utilizado para camuflarse. Los voceros oficialistas responsabilizan de su propia muerte a los 30 nativos, víctimas de la masacre. Tanta ceguera los llevó incluso a saltar las reglas del Estado de Derecho, obligando a la titular del 51 Juzgado Penal Norma Carvajal a emitir una orden de captura contra Alberto Pizango. Exigencia que para el mismo presidente de la Corte Suprema Javier Villa Stein resulta de locura. Se exige su detención el 15 de mayo por hechos que ocurrieron el 5 de junio. Según la ministra de Justicia Rosario Fernández estas objeciones son exquisiteces del magistrado. Al final la jueza Carvajal cedió a la presión criminalizando por milésima y una vez más el clamor de los pueblos originarios.
Mientras tanto, otra vez los pueblos nativos sangran arrinconados en su propio territorio, convertido en guetos, sin alimentos, sin protección, sin siquiera poder dar sepultura a sus muertos, que suman más de lo que cualquiera puede imaginar. Las cifras más modestas señalan 30 muertos. Hay decenas en manos de los efectivos policiales. El temor frente a nuevos desaparecidos crece. La misma ministra del Interior dice, los efectivos policiales actuaron como de costumbre, frente a quienes consideran sus “contrincantes” según propias palabras del Director de la Policía Nacional.
Empeñados en ocultar su acción han actuado contra los periodistas de la zona: Carlos Flores Borja, director de los espacios noticiosos de Radio La Voz de Bagua Grande, José Carlos Flores Burgos, del noticiero Sin Censura y periodista del Diario Ahora, Segundo Alvines Díaz, de la Revista Punto Aparte y Alberto Pintado Villaverde, corresponsal periodístico de Andina, han sido objeto de amenazas telefónicas por elementos extraños así como de amedrentamiento, como es el caso del colega Alvines Díaz a quien un miembro de la policía se atrevió a encañonarlo a la altura de la cabeza, para que no tome fotografías o filmaciones.
Adelantándose a las denuncias periodísticas, el Premier Yehude Simon los señala de responsables de manipular a los nativos, incentivar actos de violencia. Pone el parche con sutiles amenazas.
Cada declaración de la Ministra del Interior parece una proyección de sus actos “Fue una acción enloquecida, descontrolada, la muerte de estos policías no va a quedar impune” dice ella. Ha perdido la cordura, la serenidad para medir el alcance de la acción policial, y aún cree que el Perú se soplará el invento de complot contra la democracia, en la era de la información y las tecnologías, las noticias llegan para contradecir sus declaraciones. Su incapacidad de entendimiento a estas poblaciones la induce a negar la muerte de más de 30 nativos provocando el levantamiento de toda la Amazonía. Nativos y pobladores de la Amazonía sufren los efectos de esas leyes que han dañado su hábitat.
En muestra de su incompetencia y desprecio a las poblaciones nativas, asumen argumentos para justificar sus actos y buscar chivos expiatorios: los nativos han sido engañados, manipulados, confundidos. Los herederos de la colonia, anclados en el siglo XVI, arrasan con saña a los nativos repitiendo una historia de violencia cruenta amparados por todo el aparato estatal en defensa de un Estado que no reconoce a los nativos como suyos: pues en toda esta pantomima mediática para justificar la muerte de los policías en ningún momento se compadeció ni siquiera de los niños nativos caídos, ni asumió la cantidad de muertes ejecutadas por policías en una acción exigida desde Palacio. Son los defensores de un Estado de Derecho pervertido según sus intereses, necesidades o urgencias como lo demuestra la acción de la jueza Carvajal contra Alberto Pizango. (Junio, 2009)
